Se teme que la avalancha responda a la especulación y se produzca una burbuja financiera
El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado pendiente para la siguiente legislatura la revisión de la normativa que regula el acceso y conexión eléctrica. El departamento considera necesario endurecerla ante la sobredemanda de peticiones de permisos para instalaciones de energías renovables que ha recibido Red Eléctrica de España, a la que han solicitado por cerca de 150.000 megavatios (MW). El temor es que la avalancha responda a la especulación y se produzca una burbuja financiera de consecuencias imprevisibles.
El Ministerio para la Transición Ecológica lleva tiempo trabajando en la elaboración de una nueva disposición, que pueda promulgarse como decreto o como decreto ley, para despejar un mercado en el que se ha producido un aluvión de demandas. Según datos de Red Eléctrica de España (REE), encargada de gestionar y conceder los permisos, actualmente se han pedido acceso y conexiones por valor de 144.400 megavatios (MW) para instalaciones renovables, una cantidad que triplica lo que se prevé el Plan de Energía y Clima hasta 2030, cifrado en 67.500 MW.
A 31 de enero pasado, había 28.100 MW de renovables instalados; 42.800 MW con permiso de acceso y 53.000 MW solicitados sin permiso. A 13 de abril, habían pasado a 28.400 MW instalados; 45.900 MW con permiso y 70.500 MW solicitados Es decir: que en esos momentos ya habría suficiente cobertura para satisfacer la prevista demanda.
Hasta la fecha, el sistema para solicitar un permiso de instalación eléctrica a REE ha exigido simplemente la presentación de un aval que estaba vinculado a la potencia que iba a tener. Se entendía que ningún inversor de una planta térmica o nuclear iba a especular con ese aval, porque requería una fuerte inversión. Sin embargo, con la irrupción de las renovables, la posibilidad de planear inversiones reducidas (para instalaciones pequeñas o medianas) es mucho más sencilla, y se podría especular luego con el permiso, revendiéndolo. En una primera actuación, el ministerio elevó el aval (de 10 a 40 euros por kilovatio), pero no fue suficiente para desincentivar las solicitudes.
La regulación actual permite que haya muchos inversores que toman posiciones para posteriormente venderlas a un precio mucho más caro del que lo han comprado. El objetivo es evitar que se especule. La propia REE, que ha tenido que reforzar el departamento encargado de los permisos, sugirió al ministerio que tomara cartas en el asunto, de manera que fortalezca los requisitos para obtener el permiso. Es decir, que se establezcan obligaciones que desincentiven a los que solo pretenden especulador y que garantice una seguridad para el inversor. Consistiría en exigir, por ejemplo, el título de propiedad del terreno o presentar la declaración de impacto ambiental que demuestre que se han hecho los trámites y las inversiones con intenciones reales de llevar a cabo la construcción.
Cualquier cambio que se haga en la regulación, además, deberá contar también con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que puede atentar contra la competencia y perjudicar al mercado.
En todo caso, la transición energética requiere la progresiva sustitución de centrales convencionales (carbón y nuclear, principalmente) por nuevas plantas de generación renovable, fundamentalmente eólica y solar fotovoltaica. Supone suplantar 9.200 MW de carbón antes de 2030 y 7.700 MW de nuclear entre 2027 y 2035, año que es para cuando está previsto el cierre de la última central. “Con la previsible incorporación masiva de esta generación en la próxima década, el sistema eléctrico cambiará significativamente y comportará diversos retos técnicos entre los que destacan los procedimientos de acceso y conexión a la red de transporte”, según REE, que debe garantizar que las nuevas instalaciones se integren en el sistema cumpliendo todos los requisitos necesarios para preservar la seguridad y calidad de suministro.
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